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La Conferencia de Obispos brasileños condena el trabajo de Jair Bolsonaro en respuesta al coronavirus ante Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud

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01Feb(Agencias).- La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil presentó una demanda ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue formulada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Frente a la pandemia de coronavirus.

En particular, condenaron una especie de «comportamiento político, económico y social contradictorio, minimizando e indiferente al sufrimiento».

Se trata de una denuncia presentada conjuntamente por la Comisión Especial de Ecología General y Minería de la CNBB y otras figuras religiosas, lo que agudiza una grave desigualdad.

Organizaciones como el Consejo Nacional Brasileño de Iglesias Cristianas (CONIC), el Consejo Indígena Misionero (CIMI), los Franciscanos Internacionales o la Fundación Luterana Diaconía.

También condenaron la “indiferencia de los poderes públicos federales, estatales y municipales ante la actualidad” y pidieron “investigaciones para determinar posibles responsabilidades”.

El texto se centra principalmente en el presidente Jair Bolsonaro, por lo que respalda «más de 60 solicitudes para eximir al presidente de la República, especialmente los delitos responsables en la política de salud pública durante la pandemia».

La denuncia también instó a la OMS ya la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a presionar al gobierno brasileño ante la “falta de transparencia” y “aún menos confianza en la decisión de los representantes políticos de contener el COVID-19”.

La organización firmante enfatizó: “De las diez personas muertas por COVID-19 en el mundo, una de ellas es de Brasil”.

Mencionaron específicamente recortar el gasto público. «La emergencia de hoy se deriva de las decisiones políticas de ayer.

Recordaron que, por ejemplo, la Ley de Límite de Gasto bloqueó la inversión pública e intensificó la privatización de los servicios necesarios para el desarrollo económico (como salud, educación y saneamiento), exacerbando la desigualdad.

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